Ley de Inquilinato

La Constitución Nacional establece y garantiza los derechos, deberes y garantías de las personas y, entre éstos, el derecho a la propiedad (Art. 99). La Ley de Inquilinato promulgada en 1960, hoy obsoleta por inadecuada con la realidad socioeconómica de Venezuela, admite la violación de este derecho y así priva en la práctica sobre la misma Constitución.

Dos figuras, el arrendatario y el arrendador son, en principio, dos ciudadanos dignos, de igual importancia ante la Ley, cada uno con sus razones, problemas y necesidades. Hay otras dos figuras abstractas, hermanadas idealmente y las más de las veces en oposición: la justicia y la equidad. La Ley de Inquilinato vigente es un adefesio del cual en oportunidades se agarran algunos arrendatarios y abogados, a fin de vivir a expensas de un propietario que requiere recuperar su bien. Con buena fe, éste dio en arrendamiento un día su propiedad a un tercero, quien al paso del tiempo se adueña de esa propiedad, y cuando el caso es llevado a los tribunales, bien a un juicio por incumplimiento de contrato u otro que corresponda para que la entregue a su legítimo propietario, el inquilino retarda el proceso con subterfugios, continúa utilizando la propiedad ajena, a su antojo y además con el apoyo de la propia Ley de Inquilinato y de la Constitución, en nombre de la erróneamente interpretada y mal aplicada función social de la propiedad, con la que se han permitido y permiten los más viles abusos.

La Ley debe reconocer el derecho de todo hombre a poder gozar y disponer del fruto de su trabajo. Una propiedad, la más de las veces, ha sido la forma de ahorrar de aquel trabajador que en ella decidió invertir su dinero, y por razones temporales decidió darla en arrendamiento. Más adelante y en tantos casos, ese propietario se ve impedido por un inquilino y por las mismas leyes, del disfrute de su bien, de satisfacer sus propias necesidades personales y familiares, o de evolucionar en el uso y la inversión que desea darle a ese bien y ello en forma onerosa, cuasi-eterna y emocionalmente muy perturbadora. Hay que dictar leyes buenas, claras, justas, que diriman equitativamente las posiciones entre arrendador y arrendatario y concluir así con los interminables juicios de inquilinato en los tribunales.

Hay diversas publicaciones realizadas en este orden de ideas por especialistas en Derecho Inquilinario y otras en estas mismas páginas, así las más reciente firmadas por el señor Juan Liscano, que mueven a respaldar estos planteamientos. La Ley de Inquilinato, por estar plagada de vicios, provoca desde hace muchos años un inmenso malestar, consecuencias y secuelas de índole moral, social y económica; en su nombre se han cometido innumerables arbitrariedades y requiere ser inminentemente reformada.

No hay Estado de Derecho en situaciones de esta índole. Es prioritario actualizar el sistema legal y judicial venezolano, es necesario modificar una serie de leyes que, tal como la Ley de Inquilinato, así lo exigen. La democracia está en crisis y parte de la culpa recae en las mismas leyes que no se compaginan en lugar ni tiempo con la realidad.

Abogados buenos hay muchos, jueces que desean aplicar la justicia, también, pero las propias leyes, en gran medida, no lo permiten. Es de esperar que el próximo Congreso con nuevos representantes, quienes han anunciado desde sus diversas posiciones la intención de sacar a Venezuela de la situación de crisis de democracia que vive, muy pronto se abocarán al trabajo serio de reformar y actualizar el sistema legal y judicial venezolano, lo cual implica prioritariamente la Ley de Inquilinato.